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This Week in Immigration

This week, the previous year’s statistics have been released regarding the number of U.S. deportation orders and prosecutorial discretion exercised in favor of respondents in deportation proceedings from October 2012 to September 2013.  It appears that deportations following President Obama's reelection are down and favorable prosecutorial discretion is very much up. According to Bloomberg BusinessWeek, “prosecutorial discretion accounted for 16,300 immigration court cases being closed in 2013, according to data compiled for Bloomberg by Syracuse University’s Transactional Records Access Clearinghouse. That’s up from 9,700 last year.  About 58 percent of deportations in 2013 were of ‘criminals,’ ICE data show. In 2008, it was 31 percent.” Attitudes Toward Reform

In the area of immigration reform, skepticism of immigration reform has reached new heights due to the recent rocky implementation of the Affordable Care Act, legislation viewed by many as an unprecedented governmental intrusion into the lives of Americans.  In the minds of many, one failure equates to another.  However, this is a logical fallacy.  Political leaders and advocates should acknowledge that the inadequate implementation of Obamacare highlights the inability of a government behemoth to run insurance exchanges in a cohesive manner which the private sector can and has an incentive to do.  Conversely, implementation of immigration laws, which are federal standards regulating those entering and leaving the country, is inherently within the federal government’s purview and thus it is solely they who can and should administer legislation reform.

White House press secretary Jay Carney seems to miss the point.  “The issue isn’t in the end how the process is; the process is performed in service of the legislation and the goal. And in this case, in immigration reform, it’s in service of a bill that would provide, when implemented, the benefits that we’ve described and that outside analysts have described.” At issue in his statement and in the minds of many who are questioning him is the process of implementation.  Conversely to Mr. Carney’s assertion that process is irrelevant, the process is everything. However, the important conclusion to draw from this exchange is that government agencies are duly charged with the responsibility of immigration. In the realm of healthcare insurance, government agencies should not be. The Press Secretary’s response failed to affirm immigration's difference from healthcare and seems to support the idea that any means to a legitimate end is thereby legitimate.

Why Nancy Pelosi is Wrong

It also appears that some leading democrats don’t want immigration laws at all. This week, House Minority Leader Nancy Pelosi stated that in her opinion being present in the country without documentation should not be a valid basis for deportation.  However, she failed to note that this seemingly benign lack of status was characteristic of some of the 9/11 hijackers who were present in the U.S. without documentation.  According to the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, these individuals entered the U.S. with tourist visas (14), business visas (4), and a student visa and subsequently four of the 19 hijackers violated the terms of their visas.  Therefore, the status which they each obtained (however temporary) was automatically revoked.  While not the leading reason that persons do not have documentation, visa overstays are considered present without documentation and the effect has had a damaging effect on our national security, traditionally an extremely important factor when it comes to bases for deportation.  It is difficult under Ms. Pelosi’s hypothetical immigration laws to not throw out the baby with the bathwater.  Therefore, it appears that deportation hearings are the most constructive way for immigration authorities to subjectively examine individual cases and exercise discretion in favor of those deserving of it in spite of their undocumented status.  The basis for which to determine such favorable discretion includes extreme hardship to one’s U.S. citizen spouse or children, volatile country conditions of one’s home country as recognized by the department of state, and a clean criminal record among other factors.

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Esta Semana en Temas de Inmigración Esta semana fueron publicadas las estadísticas del año pasado en lo que se refiere al número de órdenes de deportación y la discrecionalidad a favor ejercida en casos de procesos de deportación. Al parecer, el número de deportaciones ha disminuido y el número de sentencias a favor en casos de deportación es ahora mucho más alto. Los casos en los que se aplicaron criterios de discrecionalidad en el procedimiento judicial incluyen 16,300 casos de inmigración cerrados en corte en el 2013, de acuerdo con data compilada para Bloomberg por parte de Syracuse University’s Transactional Records Access Clearinghouse. Esto, en comparación con sólo 9,700 casos el año anterior. Además, alrededor de un 58 por ciento de las deportaciones en el 2013 fueron de catalogadas como ‘criminales,’ según la data mostrada por ICE. En contraste con un 31 por ciento en el 2008.

Actitud ante la Reforma

En el área de reforma inmigratoria, el escepticismo ante la misma ha alcanzado nuevos niveles debido a la reciente accidentada implementación del llamado “Affordable Care Act”, legislación que muchos consideran una intrusión gubernamental sin precedentes en las vidas de los ciudadanos en los Estados Unidos. En la mente de muchos, la falla en un área equivaldría a una eventual falla en la otra; sin embargo, esto es meramente una falacia lógica. Líderes y activistas políticos deben reconocer que la inadecuada implementación de “Obamacare” resalta la inhabilidad del gobierno para, de manera cohesiva, garantizar cobertura médica de la misma manera que el sector privado puede y está incentivado a hacerlo. Por el contrario, la implementación de leyes de inmigración – entendidas como estándares federales que regulan la entrada y salida del país – es alcance inherente del gobierno federal y, como tal, sólo el mismo gobierno federal puede y debe administrar cualquier reforma legislativa en esta área.

El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, parece no verlo así en su declaración “El problema en sí no se trata de cómo es el proceso; el proceso es ejecutado en servicio de las leyes y la meta final. Y en el caso de la reforma inmigratoria, el proceso es ejecutado en servicio de una ley que, una vez implementada, proveerá los beneficios que hemos descrito y otros analistas externos han descrito.” Un problema en esta declaración y en la mente de muchos que cuestionan la misma es la importancia dada al proceso de implementación. Lejos de éste ser irrelevante, tal como se refiere Carney, el proceso lo es todo. Otra conclusión importante es que la responsabilidad de los problemas de inmigración recae sobre los hombros de todas las agencias del gobierno; lo cual no debe ser así en el ámbito de los seguros médicos. La respuesta del Secretario de Prensa, no sólo falla en confirmar la diferencia entre inmigración y el tema de la salud, sino que también parece apoyar la idea de que cualquiera que sea el medio empleado para alcanzar una meta legítima éste debe ser también, en consecuencia, legítimo.

Por qué Nancy Pelosi está Equivocada

Al parecer, también hay algunos líderes del partido Demócrata que no quieren ninguna ley de inmigración. Esta semana, Líder de la Minoría Nancy Pelosi declaró que - en su opinión - el estar presente sin documentos en el país no debería ser argumento válido suficiente para deportación.

Sin embargo, le faltó observar que esta aparente inofensiva falta de estatus era el caso de algunos de los terroristas del 9/11, presentes en los Estados Unidos sin documentos. De acuerdo con la comisión encargada de la investigación de los hechos, National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, estos individuos ingresaron a los Estados Unidos con visas de turistas (14), visas de trabajo (4), y visa de estudiante (1); subsecuentemente, cuatro de estos 19 individuos violaron los términos de sus visas. En consecuencia, el estatus que cada uno de ellos obtuvo (aunque temporal) fue automáticamente revocado.  Aunque ésta no es la principal razón por la que muchos no cuentan con documentos, en el caso de los terroristas del 9/11 el permanecer en el país pasado el límite establecido en la visa es considerado “estar presente sin documentos” y tal estadía trajo consigo un efecto dañino a la seguridad nacional, un factor tradicionalmente importante cuando se trata de argumentos para deportación.    Así que, bajo las hipotéticas leyes de inmigración presentadas por Pelosi, resulta difícil mantener separados los casos aparentemente inofensivos de los potencialmente peligrosos. En consecuencia, resulta claro que audiencias de deportación son la manera más constructiva mediante la cual autoridades de inmigración puedan examinar casos individuales y ejercer la discrecionalidad a favor de aquellos que merecen consideración especial, pese a su condición de indocumentados. Entre los criterios usados para determinar si un caso amerita consideración especial se incluyen adversidad extrema sufrida por el cónyuge o hijo(a) de un ciudadano estadounidense, condiciones volátiles en el país de origen – como es reconocido por el Departamento de Estado, y un record criminal limpio, entre otros factores.

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